Buenos días tengan todas y todos ustedes.

Agradezco su atención y deseo que las discusiones y aportes que hagamos en estos foros sean de verdad tomados en cuenta por los legisladores. La fuerza de los argumentos debe prevalecer sobre la fuerza de la consigna política.

Dado que el fin de una ley de ciencia y tecnología es proporcionar el marco normativo para fomentar y dar garantías a su desarrollo, me interesa explorar las consecuencias que la aprobación de este anteproyecto, si no sufre modificaciones importantes, podría tener sobre nuestro sistema de producción científica. El punto de partida es que la ciencia, la tecnología y la innovación son parte del desarrollo del país, es decir, aunque sus avances pueden tener impactos concretos en diversas esferas de la vida nacional, su desarrollo en sí mismo es de crucial importancia.

Centraré mi atención en la idea de “política de estado” y su correlato de “agenda de estado”, conceptos que en el documento carecen de una definición. En la literatura de la ciencia política hay estudios sobre el uso de este tipo de expresiones para legitimar políticas de gobierno y sobre la necesidad de generar en torno a dichos conceptos un mínimo acuerdo para dotarles de sentido, evitar su uso como recurso retórico de los gobiernos y generar el entendimiento entre los actores. El uso del término “política de estado” en el anteproyecto de ley que hoy discutimos representa un esfuerzo de legitimación política para llevar a cabo la política científica del grupo gobernante. Pero esta retórica implicaría la subordinación de nuestro sistema de CyT y de sus comunidades a un supuesto bien mayor cobijado por el nebuloso concepto de “política de estado”. Esto puede dañar seriamente la CTI por las exclusiones que produciría y el limitado enfoque sobre su desarrollo.

En el fondo hay una discusión sobre el estado que requiere el México contemporáneo. A reserva de profundizar este debate, deberíamos asumir la idea de que el estado no es solo el gobierno y menos la fuerza mayoritaria que lo controla, sino un amplio espacio que involucra a la sociedad, donde se reflexiona y elaboran propuestas, que circulan en un complejo arreglo de órganos deliberativos, medios de comunicación, asociaciones y comunidades. Sin ese tipo de definiciones, muy difícilmente podemos hablar de “política de estado”. Un error fundamental es negar la pluralidad y complejidad de la sociedad, que exige mecanismos para procesar la diversidad y el conflicto.

Este elemento básico de la vida democrática moderna está excluido del anteproyecto de ley, pues la integración de los órganos de gobierno en CTI se basa en un principio de autoridad política burocrática y no de estructuración de acuerdos, procesamiento de diferencias, búsqueda de consensos y respeto a la diversidad, en una comunidad que vive para la producción de conocimientos y argumentos, en donde la crítica, el debate y el disenso son parte de la materia prima de nuestro proceder.

El anteproyecto es ajeno a los conceptos contemporáneos de gobernanza, que implican la aceptación de que las decisiones no pueden agotarse o restringirse a los ámbitos de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que implican la participación efectiva de los diversos actores relacionados con un determinado ámbito de la política pública. El principio es que la representación generada por la vía electoral no puede agotar la enorme diversidad y complejidad de asuntos que enfrentan las democracias modernas. El elector no elige a sus gobernantes por los detalles de una política especializada, salvo en muy acotados casos, de tal manera que no puede guiar su voto por el conocimiento preciso de las decisiones que se tomarán en un determinado dominio. Eso ocurre en ciencia y tecnología, donde se requiere que los actores del sistema intervengan no solo porque son los afectados directos de los marcos normativos y de las políticas, sino porque son los que conocen la materia específica de éstas y los encargados del desarrollo del conocimiento científico, algo que una estructura basada en la autoridad política y burocrática no puede hacer.

Es inaceptable la asociación que hace el anteproyecto de la participación de la comunidad a unos mecanismos consultivos, no vinculantes, de escasa importancia en el conjunto del gobierno de CTI propuesto, donde los científicos tienen voz, pero no voto. El riesgo de ralentización burocrática también se cierne sobre nuestro sistema científico.

La idea de “política de estado” se traduce en una imprecisa idea de “agenda de estado”, que en realidad es una agenda de gobierno, en la que se menciona la atención a asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo nacional y el apoyo a la ciencia de frontera. En lo que respecta a los asuntos estratégicos, el desarrollo nacional, el bienestar social y el cuidado y restauración de ambiente, son términos muy generales y ambiguos que serán definidos por el Consejo de Estado, integrado básicamente por funcionarios públicos federales. Pero se requiere que la ley establezca mecanismos participativos de la comunidad científica para ser definidos.

Adicionalmente, esos términos tienen implicaciones epistemológicas. Por un lado, las fronteras de los conocimientos se definen en las comunidades disciplinarias, no en las oficinas del gobierno. Si estas desean apoyar las fronteras, requieren incluir a los científicos en los ámbitos decisionales. Por otro lado, es una idea muy dudosa que la ciencia, para ser legítima, debe estar en función de un proyecto político y de soluciones a problemas de la vida económica y social inmediatos. Pero así no funciona la ciencia. Muchos aportes de hoy considerados irrelevantes para una “agenda de Estado” pueden tener importancia decisiva en el futuro para resolver problemas prácticos. La historia del desarrollo científico así lo demuestra. De ahí la importancia de dar en la ley un lugar relevante y apoyos a la ciencia básica.

Un tema oscuro en el anteproyecto es la libertad de investigación que declarativamente se respeta, pero, al destinar los apoyos solo a la ciencia relacionada con la “agenda de Estado”, esta ley estimularía dos tipos de investigación: la libre y la que se ajuste a dicha agenda de estado, esto es, la que recibirá financiamientos exiguos y la que recibirá financiamientos especiales. Una posible consecuencia es que se pondrá el incentivo en la simulación pues muchos de los que busquen financiamiento dirán que se ajustan a la agenda de estado, y se inhibirá la creatividad, un principio básico de la generación de nuevos conocimientos.

Concluyo con un breve señalamiento al desequilibro entre la representación del gobierno federal y la de los gobiernos estatales, los que, adicionalmente, quedan supeditados a la política de estado (federal). Es una propuesta centralizadora que no devuelve atribuciones a las entidades federativas, sino que las retira. El efecto de esta ley sería agudizar la centralización, fenómeno que ha resultado pernicioso pare el desarrollo armónico de las entidades federativas y las regiones del país.

La aprobación de esta ley, en su versión actual, no representará un real avance para el desarrollo de la CTI.

Muchas gracias.

Intervención de Germán Álvarez Mendiola, presidente del COMIE, en la mesa de trabajo Política de estado, sistema nacional de HCTI y distribución de competencias, del Foro regional de consulta sobre la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, organizado por la ANUIES, la SES y el CONACyT, el 19 de marzo de 2021.