COMIE

Angélica Buendía; Susana García; Monique Landesmann; Roberto Rodríguez; Norma Rondero; Mario Rueda; Héctor Vera

En el marco del diseño de las políticas públicas del actual gobierno para orientar el rumbo de la educación superior y la ciencia en México, nos sumamos a la discusión sobre cuáles son los cambios necesarios en este sexenio, mismos que permitan avanzar hacia una política de Estado. Particularmente, cuando están en el centro del debate cuestiones tan relevantes como la autonomía, el financiamiento, la cobertura, la legislación, la reorganización de instituciones, los perfiles de los nuevos funcionarios y los ingresos y prestaciones de los académicos.

Como investigadores de temas educativos, consideramos que el debate debería atender las grandes preguntas de una política educativa: ¿Qué educación superior queremos y necesitamos?, ¿Cuáles son las acciones prioritarias que conducirán el desarrollo sostenido en los aspectos académico, profesional, científico y laboral? y ¿Qué debe permanecer, cambiarse o eliminarse de las políticas que han orientado la educación superior del país, durante los últimos treinta años?

Nos interesa aportar algunas ideas para discutir y responder a las interrogantes centrales del actual debate, y contribuir a la construcción del Plan Sectorial 2018-2024 para la Educación Superior. Resultado de nuestras investigaciones de larga data, hemos señalado la necesidad de introducir cambios profundos en el orden administrativo, académico y laboral vigente en nuestras instituciones, producto en gran medida de las políticas implementadas desde 1982 (Buendía et al., 2017). Nos inquietan dos problemas en particular: las políticas de homogeneización y las de austeridad.

1. Atender la diversidad

En la mayor parte de los argumentos dados a conocer en este inicio de sexenio nuevamente se proponen políticas homogéneas para un sistema caracterizado por su gran diversidad y heterogeneidad. Nos preocupa porque es un camino ya recorrido que no ha producido cambios significativos.

Está demostrado que la omisión de la diversidad y heterogeneidad del campo educativo y científico es uno de los principales obstáculos para el cambio institucional porque provoca una competencia desleal por los recursos económicos y simbólicos; produce y reproduce brechas de desigualdad entre las instituciones; y promueve una homogeneización forzada tras el espejo de instituciones referentes como las federales o las estatales más consolidadas. Adicionalmente, instituye una polarización estéril entre funciones académicas (docencia/ investigación/ difusión/ transferencia) y entre campos disciplinarios y orientaciones científicas (ciencias/ humanidades, investigación básica/ aplicada/ desarrollo tecnológico), trabajos todos diferentes e igualmente necesarios.

Es imprescindible que la política contemple que el campo de la educación superior y la investigación científica es diverso, porque en él participan una importante variedad de subsectores públicos, como el Sistema de Centros de Investigación Conacyt; instituciones de educación superior federales, estatales, tecnológicas, politécnicas e interculturales; normales; Institutos Nacionales de Investigación y las instituciones de educación superior que integran el sector privado. Todas ellas organizaciones que cumplen diferentes funciones de investigación y/o docencia en campos disciplinarios específicos, imparten y/o contribuyen en la formación de profesionales en distintos niveles de enseñanza y ofrecen diversas opciones curriculares. También difieren en el tamaño y origen sociocultural de su población estudiantil y en la composición de su planta académica, en relación con tipos de nombramiento, tiempos de contratación, montos de salarios, estímulos y formas de evaluación; operan bajo diferentes modalidades de organización académica, de gobierno y representación gremial o sindical, con pesos relativos distintos en la negociación y definición de las condiciones laborales y sus regulaciones normativas; y mantienen relaciones diversas con el gobierno y su enclave geográfico.

Este campo no sólo es diverso, también es heterogéneo. En dicha diversidad se articulan instituciones que son producto de historias particulares, tienen diferentes grados de desarrollo, de antigüedad y condiciones de existencia. Sin embargo, en virtud de una visión y gestión adversa de las diferencias, dicha heterogeneidad devino en desigualdad. Cada institución tiene problemas específicos que deben atenderse desde su particularidad. Mantener políticas homogeneizadoras es equivalente a dar el mismo remedio para todas las enfermedades. La meta debe ser reducir condiciones vulnerables y promover la equidad entre instituciones, académicos y en la oferta de la formación para los estudiantes. Dicha meta definiría las necesidades prioritarias y permitiría revalorar la riqueza inherente a la propia diversidad.

2. ¿Hacer más con menos»?

Un eje central del actual discurso político oficial se basa en el principio de “hacer más con menos”, lo que preocupa porque se centra en la reducción de salarios y prestaciones, que son considerados como privilegios y no como derechos. Esta postura también es cuestionable porque desconoce las condiciones laborales y académicas en las que los profesores e investigadores de cada institución desarrollan las tareas fundamentales de formar estudiantes, producir conocimiento y difundir la cultura.

La política de austeridad hacia las instituciones de educación superior es bienvenida si se enfoca en: 1) eliminar gastos que no sean prioritarios para el desarrollo de sus funciones sustantivas; 2) reducir los ingresos de las autoridades unipersonales y de la alta burocracia que perciban cantidades muy superiores a otros sectores académicos y administrativos; 3) lograr una proporción adecuada de personal entre funcionarios, personal de base y de confianza, pertinente para el desarrollo de las funciones académicas.

No se trata de hacer más con menos, sino de hacer lo que haga falta y contar con los recursos necesarios para hacerlo bien. El problema de fondo de las instituciones de educación superior no es la presencia de privilegios —que ciertamente existen para un grupo minoritario—, sino el agotamiento del modelo de desarrollo vigente en el campo educativo y científico, que produjo una extrema diferenciación económica y simbólica entre los académicos, y por ende una inequitativa distribución de condiciones propicias para el desarrollo de las diversas trayectorias académicas y laborales.

Resolver estos problemas estructurales no se conseguirá desmantelando las condiciones laborales de un grupo minoritario de académicos, sino mejorando las de todos aquellos que no cuentan con los medios para asegurar condiciones de vida digna y ambientes para desarrollar una trayectoria académica fructífera. Se trata de ubicar a todos en las mejores circunstancias posibles para hacer viable la realización de sus recorridos profesionales y para el cumplimiento de las tareas sustantivas en función del tipo institucional de que se trate.

Resolver estos problemas estructurales no se conseguirá desmantelando las condiciones laborales de un grupo minoritario de académicos, sino mejorando las de todos aquellos que no cuentan con los medios para asegurar condiciones de vida digna y ambientes para desarrollar una trayectoria académica fructífera.

En torno a las instituciones, dichos problemas son:

• El deterioro de la autonomía de las instituciones, en función de la sobre regulación gubernamental a través de los mecanismos de evaluación del desempeño institucional y de las personas, la acreditación de programas y las auditorías externas guiadas por criterios inadecuados para la actividad académica. Dichos mecanismos constituyen un esquema recurrente de intervención indirecta y de vigilancia de procesos propios de las instituciones, que han propiciado la adopción y la adaptación institucional a políticas guiadas por el mercado y por organismos internacionales (OCDE, FMI, BM).
• Los esquemas de financiamiento ordinario, que reducen año con año las posibilidades reales de crecimiento, inversión, mantenimiento, operación cotidiana de las instituciones y los gastos corrientes para docencia, investigación y difusión. Los presupuestos institucionales de los años recientes, apenas cubren, en el mejor de los casos, el incremento inflacionario.
• La excesiva burocratización y la opacidad de los mecanismos y criterios de dotación de recursos extraordinarios, como el destinado a programas de posgrado y proyectos de investigación supeditados a fórmulas y cuotas establecidas por Conacyt. Así como los programas especiales a concurso para atender necesidades de infraestructura, equipamiento y mantenimiento, entre otros.
• La escasez de plazas, impuesta por la Secretaría de Hacienda, que dificulta la incorporación de académicos jóvenes y altamente calificados, y los somete en su mayoría a formas de contratación precarias.

En torno a las condiciones de los académicos, podemos mencionar los siguientes problemas:

• El deterioro crónico del salario base y la existencia inalterada e inalterable del tope salarial —impuesto también desde la Secretaría de Hacienda—, vigente desde hace más de tres décadas, que agudiza la diferenciación y la segmentación entre sectores académicos, traducida en una brecha salarial y de ingresos totales entre distintos tipos de institución y entre profesores con diferentes modalidades de contratación.
• El modelo de evaluación académica que, fundado en el recuento curricular de productos terminados, desvirtuó la función académica de la evaluación y se convirtió en el único medio de obtener ingresos adicionales que compensen los bajos salarios, constituyéndose en un medio de distribución totalmente inequitativo. Los académicos que pueden acceder a dichas compensaciones son un mínimo porcentaje de profesores e investigadores de tiempo completo, y dentro de ese mínimo porcentaje, son notorias las diferencias en el monto de los estímulos.
• Las condiciones laborales y académicas de los profesores de asignatura y tiempo parcial que carecen de estabilidad laboral y salarial y, en su mayoría, son excluidos de los programas de estímulos, a pesar de que constituyen la base de la atención docente a estudiantes de licenciatura.
• Las condiciones adversas para la jubilación que postergan en forma indefinida el retiro de la generación que debería pasar la estafeta, y provocan un cuello de botella que dificulta la incorporación de personal académico más joven.

3. A manera de conclusión proponemos:

Reforzar y ejercer la autonomía institucional rompiendo la supeditación de lo académico-científico a los dictados de lo político.

Lograr el compromiso del gobierno con una política de financiamiento sostenida y multianual, con la participación responsable en la definición y ejercicio del presupuesto, de autoridades educativas y hacendarias en los órdenes federal y local, autoridades de las instituciones de educación superior, académicos y organizaciones sindicales.

Asegurar la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula; la equidad en la asignación presupuestal entre instituciones; la definición de los mecanismos que garanticen la aportación de los gobiernos estatales, cuando corresponda; revisar los mecanismos pautados bilateralmente en esquemas de jubilación y otras prestaciones. En suma, evitar los déficits presupuestales que ponen en riesgo la operación cotidiana y las actividades sustantivas.

Garantizar la existencia de las plazas académicas necesarias para cubrir las metas de crecimiento institucional.

Establecer los cambios necesarios en las formas de contratación y las condiciones de trabajo de los profesores de asignatura y de tiempo parcial. Aplicar una política general en una población desigual, perjudica más a los que tienen menos y pone en riesgo los avances de quienes han logrado consolidar una trayectoria.

Considerar la recuperación de un salario digno, de tal manera que constituya un justo reconocimiento del trabajo académico, al mismo tiempo que se revisan los programas de estímulos para separar la evaluación académica de la distribución de ingresos económicos, sin precarizar las condiciones de trabajo de los académicos.

Generar posibilidades para un recambio generacional garantizando esquemas de retiro y jubilación dignos.

Finalmente, estamos convencidos que las políticas en el sector educativo del nivel superior y en el de ciencia, innovación y tecnología, deberán derivarse de la definición colegiada de las grandes líneas de un proyecto educativo, científico y cultural nacional incluyente, que asegure la libertad de cátedra y de investigación, y el derecho a la educación. Adicionalmente, coincidimos en reforzar el compromiso con el uso óptimo de los recursos públicos asignados a las instituciones. Estos deben ser destinados a la buena marcha de las actividades docentes, de investigación y de difusión; sin escatimar la aplicación de medidas más contundentes para la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores involucrados en el ejercicio presupuestal: autoridades, sindicatos y académicos.

Por lo expresado hasta aquí, consideramos que centrar la reflexión colegiada en la conveniencia de cambiar las leyes de ciencia y tecnología o ampliar la cobertura de la educación superior, es reducir y fragmentar los problemas que requieren ser atendidos. Los cambios legislativos y el establecimiento de metas deberían ser una consecuencia y no el impulso inicial de las transformaciones necesarias y pendientes.

Referencia

Angélica Buendía, Susana García Salord, Rocío Grediaga, Monique Landesman, Roberto Rodríguez Gómez, Norma Rondero, Mario Rueda y Héctor Vera, “Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la valoración del trabajo académico”. Perfiles Educativos, vol. 39, núm. 157, 2017,pp. 200-219. Disponible en:

http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/58464/51367