COMIE

Angélica Buendía Espinosa | Universidad Autónoma Metropolitana

Cuando este texto se publique ya sabremos quien será el presidente de México para los próximo seis años. Una nueva etapa ha de iniciar después de concluir con tres meses de campañas caracterizadas por la descalificación, y de inacabadas propuestas en materia educativa que han de configurarse paulatinamente en futuro cercano. Ni duda cabe que lo que viene no es tarea fácil ni para quien resulte triunfador en esta contienda electoral, ni para los ciudadanos de a pie. Por un lado, las promesas desmedidas y la posibilidad real de su cumplimiento; por el otro, la expectativa de la continuidad o la promesa de un cambio, aunque sea menor, pero al fin un cambio.

Varios asuntos son relevantes en la agenda educativa, sin embargo, la reciente publicación de Raúl Zepeda Gil en el blog de educación de la revista Nexos “Del mérito a la inclusión: una oportunidad para repensar la educación superior en México”, así como la posterior reflexión en Educación Futura, de mi estimado amigo y colega Pedro Flores Crespo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, además del propio trabajo de investigación e intervención que al respecto he desarrollado; me provocaron compartir las siguientes notas al respecto.

Es verdad que la cobertura de la educación superior en México alcanza apenas el 37 por ciento de jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, muy por debajo de otros países latinoamericanos, del norte de América y, por supuesto, europeos. También que el actual mecanismo de selección e ingreso a la educación superior basado en un examen de conocimientos, ha privilegiado el mérito académico que necesariamente se vincula a la teorías reproduccionistas que lo asocian con el problema de la desigualdad y la diferenciada posesión de capitales cultural, social y económico de los jóvenes aspirantes. De hecho, cada año son rechazados en la zona metropolitana aproximadamente 300 mil jóvenes que buscan su ingreso a la universidad que, según investigaciones recientes, provienen de los estratos sociales más desfavorecidos de la región. Más allá de las características técnicas, el examen de admisión se ha constituido en un mecanismo de regulación de un mercado material y simbólico cada vez mas competido por la acumulación de jóvenes que no encuentran una oportunidad de acceso o una alternativa equiparable al significado del mismo. Sin duda, ello conduce al llamado efecto Mateo “Dar más a quien más tiene”.

…la cobertura de la educación superior en México alcanza apenas el 37 por ciento de jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, muy por debajo de otros países latinoamericanos, del norte de América y, por supuesto, europeos.

Reitero lo que he dicho en otro momento. Los jóvenes en México libran dos grandes batallas para su ingreso a la universidad. La primera, la selección basado en la aplicación de un examen de conocimientos y la segunda asociada a la disponibilidad de recursos económicos para acceder a instituciones privadas. En este caso el límite es el bolsillo y la calidad de las educación se asocia casi siempre con lo que se paga. Ambas batallas evidencian la desigualdad y la estratificación social y económica que caracteriza al país.

Para Zepeda la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ampliar la cobertura en educación superior en el país, suena congruente y debería avanzar hacia la posibilidad de introducir “criterios más progresivos” y “abandonar definitivamente la preponderancia exclusiva del discurso del mérito para darle paso al discurso de la inclusión”. Pedro Flores, en cambio, alude a la necesidad de reflexionar sobre las condiciones previas a la implementación de examen de ingreso en el acceso a la educación superior: favores personales, ventas de lugares y otras prácticas adversas al espíritu universitario. También cuestiona la falta de información que tenemos sobre experiencias de países que podrían constituirse en un referente para pensar en otras alternativas de inclusión y acceso. Además, evidencia el caso de la UACM y su proceso de sorteo para el ingreso, así como sus escasos aportes a la justicia distributiva.

En mi opinión la solución a esta problemática no debe surgir sólo de las políticas educativas de orden nacional. Éstas han privilegiado dos grandes orientaciones para resarcir la desigualdad en el acceso, la permanencia y el egreso de la educación superior: 1) asignación de becas y 2) diversificación institucional y de nuevas modalidades educativas. No obstante, considero que es posible diseñar e implementar políticas y prácticas institucionales que promuevan una mayor inclusión para incrementar el acceso de oportunidades. El debate en torno a los efectos de los mecanismo vigentes para el acceso, la permanencia y el egreso a la educación superior, debe impulsarse desde el seno mismo de las universidades e instituciones de educación superior. Ya hay evidencia de que es posible generar alternativas que incorporen la viabilidad de un examen de conocimientos como indicador del desarrollo de ciertas habilidades y capacidades de los estudiantes, así como la posibilidad de incorporar a jóvenes que han transitado por los niveles educativos previos en condiciones francamente desfavorables. Es el caso de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) (Buendía y Rivera, 2010).

En la UACh los criterios de ingreso se aprueban anualmente por el H. Consejo Universitario. La política institucional propuesta se aprobó por primera vez el 12 de mayo de 2008 y se ha implementado año con año hasta el 2018. El punto de partida es la aplicación de un examen de conocimientos que valora la situación académica de los jóvenes, sin embargo, la selección de los estudiantes que ingresan incorpora también diversos criterios, a fin ampliar las posibilidades de acceso a los jóvenes que pertenecen a los grupos desfavorecidos. Ello significa un ingreso por cuotas que se han diseñado en función de la misión fundacional de la universidad y de su contexto y desarrollo actual. Hablamos de un modelo de cuotas (etnias indígenas, municipios pobres, telesecundaria o bachillerato, escuela agropecuaria o forestal, mejores por Estado y calificación general), que si bien se limita a un número específico de espacios que la universidad puede brindar, le ofrece una oportunidad única a muchos jóvenes que quedarían excluidos de la educación superior. Algunos testimonios son reveladores.

Mi apuesta es y seguirá siendo el reconocimiento de la diversidad y la complejidad de las instituciones de educación superior mexicanas en general, y de las universidades públicas en lo particular. Hemos sido críticos de la homogeneidad de las políticas para este sector de la educación y de sus efectos perversos o no deseados. No aspiremos al one best way en el problema de cobertura que enfrentamos, pues tenemos amplia evidencia de que eso no funciona. Abramos el debate, la discusión argumentada y la posibilidad de compartir y de implementar políticas y prácticas de orden institucional que podrían generar mejores resultados.